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martes, 5 de junio de 2012

LA SOJA TRANSGENICA EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL ALEMANA

Durante el mes de diciembre de 2010 un equipo multidisciplinario realizó un documental para la televisión alemana con el objetivo de mostrar el impacto de los cultivos de soja transgenica en Sudamérica destinados en parte a la alimentación animal en Alemania.   https://vimeo.com/41537773
La investigación fue realizada en el corazón de la producción de soja transgenica del mundo, recorriendo ciudades como Chacabuco y Los Toldos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Cordoba, Santa fé, Misiones y paraguay.
El interes de la investigación fue mostar todo el ciclo de la producción, su impacto y costo ecologico.
Diversos informes publicados anteriormente confirman y dan sustento a la investigación,  http://observatoriodelglifosato.wordpress.com/2009/10/25/la-batalla-de-chacabuco-el-campo- experimental-de-bayer/

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/glifosato_y_transgenicos_el_caso_argentino_y_las_consecuencias_sobre_la_salud

http://www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/2010/septiembre/primer_encuentro_pueblos_fumigados_2010.pdf

http://www.entrelineasdigital.com.ar/index.php?acc=1&notid=4865&PHPSESSID=e2cef9655ae74b0f8a731e0d12353e8f





martes, 20 de diciembre de 2011

Histórico juicio por contaminación con herbicidas que provocó 300 muertos


Histórico juicio por contaminación con herbicidas que provocó 300 muertos



Argentina | Provincia de Córdoba: Cuando el 27 de febrero se sienten en el banquillo de los acusados los dos productores agropecuarios y un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez sabrá que se abre una puerta para que las familias de los 300 muertos por cáncer obtengan justicia. Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello rendirán cuentas ante la Cámara 1ª del Crimen por violar el artículo 58 de la ley de Agroquímicos de la provincia.



Ávila Vázquez es el único querellante particular de la causa, que se inició a partir de su denuncia en 2008, cuando cumplía funciones como subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba.

“Nosotros ya habíamos denunciado públicamente en diciembre 2010 que estaba sembrado con soja a 200 pasos del barrio y que las fumigaciones llegaban hasta las casas. En febrero había llovido mucho y necesitaban fumigar. Cuando desde el dispensario nos avisaron que el avión estaba aplicando endosulfan y glifosato por la mañana, concurrimos para allá, hablamos con la gente y nos fuimos a tribunales para hacer la denuncia penal”, recuerda el especialista.

Docente de la Cátedra de pediatría de la Facultad de Medicina de la UNC, Ávila Vázquez integra la Red de Médicos Fumigados que trabaja con poblaciones fumigadas con pesticidas en diversas regiones del país. Su paso por la Municipalidad duró no más de un año y medio, peleado con el intendente Daniel Giacomino por el vaciamiento presupuestario del sector a su cargo.

Sin embargo, de vuelta al llano, continuó con el reclamo judicial, apoyado por las Madres de Ituzaingó, colectivo de mujeres que inició las denuncias públicas en el 2001 cuando comenzaron a sospechar que la enorme cantidad de casos de cáncer se debía a los pesticidas que se aplicaba en un campo ubicado del otro lado de la calle donde terminaba el barrio.

El médico rescata el papel fundamental del fiscal de primera instancia Carlos Matheu, que asumió la investigación a pesar de la posición abiertamente en contra del gobierno provincial.

“Tomó medidas, recabó testimonios de quienes vieron al avión, recogió muestras del suelo del barrio y las mandó a un instituto del Conicet en Santa Fe, cuyo análisis confirmó que tenían glifosato y endosulfan. También allanó el hangar de la avioneta y encontró los envases vacíos, y en los galpones de los productores también había envases listos para una próxima fumigación. Juntó todo el material probatorio que soportó las presiones del complejo agroindustrial, que no quería saber nada con un juicio de estas características”, describe Ávila Vázquez.

En su momento, el médico ordenó realizar desde el municipio un trabajo de relevamiento en el sector para constatar la cantidad de personas fallecidas a causa de cáncer y los niños nacidos con malformaciones, reactualizando trabajos similares realizados en 2005.

“Pudimos saber que el 33% de los muertos en el barrio era a causa de cáncer, cuando en el país la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares con un 24%, y el cáncer a nivel nacional ronda el 18-20%. En definitiva, Ituzaingó mostraba entre un 50 y un 70% más de casos de cáncer”, sostiene.

Y agrega: “a medida que uno se acerca al sector de barrio cercano a los cultivos aumenta la densidad de casos, porque la gente se enferma en una relación de cercanía geográfica con los campos. Desde el punto de vista epidemiológico es un índice muy alto que indica la causa de las enfermedades. Es espeluznante porque cada cuadra mostraba más de 20 casos”.

La investigación judicial constató que eran los mismos productores y la misma avioneta que venía fumigando hace tiempo. La misma gente del barrio los había detenido en algunas oportunidades y por eso tenía la práctica de fumigar en horarios nocturnos o los domingos donde fuera difícil que los inspectores municipales o de ambiente estuvieran presentes para constatar la infracción, que es lo que la ley provincial exige.

“Porque la policía no considera que hay delitos cuando le denunciás una fumigación”, explica.

Entre otras 70 querellas que esperan resolución en la Corte, esta causa tomó curso gracias a que el fiscal Matheu apeló el pedido de sobreseimiento del juez de control por “falta de pruebas”. La Cámara de Acusación también consideró suficientes las muestras extraídas por la justicia en campos aledaños a la población, donde se encontraron los plaguicidas endosulfan y glifosato.

Una realidad regional

A través de la Red de Médicos Fumigados, Ávila Vázquez brinda su experiencia en distintos pueblos de la pampa sojera, realiza intervenciones en poblaciones en riego e intercambia información con especialistas de todo el país. Sobre todo con los médicos instalados en los pequeños núcleos urbanos que más sufren el acoso de los agrotóxicos.

“Esta situación sanitaria se repite pueblos fumigados de Córdoba y Santa Fe. Muchos médicos rurales denuncian que el fenómeno empezó en el 2000”. Cinco años antes, el gobierno de Menem había dado la autorización para que el Round Up comenzara su reinado en el campo argentino.

–Esta situación muestra un nuevo elemento dentro de la realidad sanitaria en el país. Al mismo tiempo, el negocio de la agroindustria se encuentra atravesado por un fuerte debate político desde la 125.

¿Cuál es el papel de los médicos frente al problema?

Medardo Ávila Vázquez: –Los médicos tenemos la responsabilidad de defender la salud, no sólo tratar la enfermedad. En general, en el área es muy amplio el apoyo a este tipo de políticas. Nosotros difundimos la información científica, que va a contramano de lo que dice Monsanto e incluso algunos funcionarios que están muy vinculados a las empresas y al sistema agroindustrial.

–El sector agrario defiende encarnizadamente la utilización de agroquímicos y deslegitima las denuncias que realizan médicos, afectados y organizaciones ambientalistas. –Nosotros difundimos información científica publicada en revistas internacionales, que ha sido evaluada y cotejada por un comité de pares, cumpliendo todas las normas. La medicina basada en evidencias y los estudios epidemiológicos muestran que esto es así.

Desde el punto de vista de la medicina ya no hay dudas que los agrotóxicos enferman. Está claro que hay muchas presiones de los grupos económicos en las ciencias agronómicas, en las facultades vinculadas al sistema agroindustrial actual, que en muchos casos son financiadas por estas mismas empresas.

Por eso un sector universitario repite los discursos que se originan desde donde nace este tipo de producción. Se repiten estupideces como que el glifosato es como agua que se puede tomar de un vaso y no afectará la salud, cuando está demostrado que todos los suicidas que tomaron un vaso de glifosato fallecieron.

En general lo complicado es que nos dicen que este sistema productivo genera alimentos, como si hubiera un trabajo filantrópico de la producción agraria en Argentina. Lo que hay es un negocio sustentado por la industria más concentrada como Bayer, Monsanto, Novartis, que controlan este sistema, que comercializan internacionalmente los productos y especulan con los precios de los alimentos.

Un antecedente malo para el negocio

Ávila Vázquez sabe que enfrente tendrá a los más nombrados abogados penalistas, a precios siderales, que no dejarán resquicio para evitar que los acusados sean los primeros en cumplir condena por fumigar poblaciones. Distintas versiones señalan que los productores acusados cuentan con el apoyo de la Asociación de Siembra Directa y la Federación Agraria entre otras entidades que seguirán de cerca todas las instancias del juicio. Un fallo en contra sentaría un grave antecedente para los agronegocios.

–Llegar al juicio oral ya es todo un logro.

¿Cómo valora la experiencia?

–Se dieron una serie de coincidencias que muestran que la gente lucha por principios, por valores, defendiendo sus derechos. Creo que las Madres de Ituzaingó son un ejemplo porque a pesar del dolor de sus hijos y maridos muertos o enfermos, siguieron la lucha contra viento y marea. Cuando muchas veces se decía que estaban a favor de Juez, y en contra de De la Sota, poniendo el reclamo en un marco que no era el propio, con el objetivo de ningunearlas.

Por otro lado, desde el área de salud se reaccionó diciendo ‘esto no puede ser, hay que tomar medidas’. Ahora nos encontramos con un grupo de jueces y fiscales que quieren impartir justicia. Esperemos que se haga justicia, y que se determine que el Argentina fumigar con veneno a personas no corresponde y se puede ir preso por eso.

–¿Qué expectativa tiene de los resultados del juicio?

–En el país se presentaron varios amparos, que tuvieron su litigio en el juzgado donde se tramitaron, algunos se perdieron y otros se ganaron, como en el Chaco o Santa Fe, en San Jorge, donde se ordenó no fumigar para resguardar la salud de la población. Pero esta es el primer caso donde se debate si fumigar con veneno sobre la gente es un delito o no.

Este juicio tiene una importancia regional, porque son muchos los países de Sudamérica que están sometidos a estas prácticas concentradas que destruyen las selvas, los bosques, desplazando campesinos, masacrando pueblos originarios. Por eso creo que un fallo condenatorio va a extender los reclamos por todos lados.

Más Madres que siguen enseñando Todos tenemos agroquímicos en la sangre”, dice Sofía Gatica, la primera de las Madres de Ituzaingó en comenzar a caminar las calles del barrio para saber qué era lo que pasaba que aparecían tantas mujeres con pañuelos en la cabeza cuando iban a la despensa.

Las crónicas recuerdan cuando Sofía se plantó en el Ministerio de Salud, con su propio relevamiento en mano sobre la cantidad de personas con cáncer, para exigir: “investiguen porque nos estamos muriendo”.

Otras madres se sumaron a la causa, algunas abandonaron, cansadas o afectadas por la presión social que se instaló cuando los jóvenes no conseguían trabajo por ser de Ituzaingó y los precios de las casas bajaron tras la denuncias de contaminación. Pero el grupo siempre se mantuvo firme con otras vecinas que suplían las deserciones.

Una década después de iniciar su lucha Gatica, que perdió un hijo a causa del cáncer, asegura que si la justicia argentina no resuelve el conflicto, las Madres están dispuestas a llegar incluso hasta la Corte Interamericana de DD.HH.

“Las madres somos más guapas, no miedosas como los hombres. Me acuerdo una vez que nos cruzamos al campo para impedir que fumiguen y nos recibieron unos matones con machetes y pistolas. Fuimos a buscar a los hombres del barrio, pero cuando vieron que los matones estaban armados, pegaron la vuelta”, cuenta con naturalidad.

Frente al juicio que se viene, las madres no ocultan su ansiedad. Corina Barboza, compañera de luchas de Sofía, piensa mientras observa un cartel donde se ofrece un loteo para viviendas, no aprobado por la municipalidad, donde antes crecía la soja.

“Indudablemente es un avance que se hay elevado a juicio la causa pero todavía tenemos miedo de los resultados. Estos productores sabían desde el primer momento que nos estaban envenenando porque se lo dijimos y nuestras protestas fueron públicas.

No pueden decir que no sabían, además si tienen el asesoramiento de un ingeniero agroquímico, ese señor sabe bien que les hace a las personas el endosulfan. Tienen que pagar porque envenenaron a la gente, en nuestro barrio murieron más de 300 personas.

Pero también hay muchos vecinos que se fueron del barrio y no sabemos que ha sido de ellos. Como nos dijo el ex ministro de Salud Roberto Chuit en su despacho: si las mando a La Quiaca ustedes se llevan al enfermedad en el cuerpo”, relata.

Sabedoras que sacar a la luz el proceso judicial es la única garantía que el juicio aguante las presiones de las empresas que se hayan detrás del negocio de los agroquímicos, Gatica apuesta a la movilización. “Vamos a armar una movida muy grande para esas fechas porque hay mucha gente de todo el país que nos apoya”, asegura.

La falta de respuestas del Ministerio de Salud cordobés a los reclamos las llevó chocar permanentemente con las autoridades. Pero en medio de la lucha, lograron, por medio de la Municipalidad, que el barrio reciba agua potable de red, asfalto, que saquen del barrio los tres transformadores de EPEC, cuyos líquidos enfriadores contenían componentes contaminantes y que se cambien 200 tanques de agua de las casas sin tapa que recibían los pesticidas arrojados desde los aviones. “Las
trasnacionales tienen negocios con el gobierno de la provincia, por eso no tuvimos respuesta. Tuvimos que cortar ruta para recibir medicamentos oncológicos”, cuenta Gatica.

Las Madres hicieron su aprendizaje en base a los golpes y frustraciones que significó pelear para que se reconozca el problema del barrio. “Justamente somos madres que nos unimos para defender la vida de nuestros hijos. Cuando hay personas que tienen algo por qué pelear, hay que juntarse y luchar para lo que estamos decididos a defender.

Nosotras lo hicimos por la salud, por la vida. Después aprendimos mucho sobre lo que venía detrás y nos comprometimos contra las fumigaciones y la contaminación ambiental, pero sobre todo aprendimos a hacernos escuchar”, concluye Barboza.

Aldo Humberto Conte
BWN Patagonia

jueves, 10 de marzo de 2011

Documental Alemania




En la producción del documental se muestra el impacto de los cultivos de soja transgenica en Sud America, la cuestión del monocultivo, y la consecuencias de las fumigaciones con agrotoxicos en el ambiente y la salud humana, se recorrio todo el corazon de la zona sojera, Santa fe, Cordoba, Buenos Aires y fueron entrevistadas decenas de personas para fundamentar todos los componentes de una cadena agroalimantaria diseñana por corporaciones como Monsanto y promovida principalmente por Aapresid y los cultores de la siembra directa en Argentina.

En el documental aparece entre otros afectados Sofia Talavera, hermana de Silvino Talavera quien murio intoxicado en el 2003 por Glifosato (http://www.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/dos-anios-de-carcel.htm , Walter Pengue de la Universidad de Buenos aires habla sobre el impacto de este tipo de cultivos y la resistencia de las plagas, tambien fue entrevistado el Doctor Andres Carrasco, especialista de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Conicet (http://www.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/glifisato_llego_a_la_corte.htm
, el doctor Gilles Eric Seralini de la Universidad de Caen en Francia tambien fue entrevistado describiendo sus estudios sobre los efectos del glifosato como generador de malformaciones, abortos espontaneos, enfermedades neurologicas y su efecto ecocida.
El documental tambien tiene una entrevista los padres de Magui Arguello de Chacabuco quien sufre una enfermedad relacionada con la exposición aagrotoxicos.


Mathias Rauch (alemania) fue el periodista de la televisión alemana, Julio Midú (saladillo, argentina) fue el director de camaras ( www.cineconvecinos.com.ar), Martin Cesaretti (cap fed, argentina) fue el sonidista, Diego Picco (cordoba, Argentina), Reto Sonderegger ( Suiza) y Javiera Rulli (Argentina-Suiza) fueron los encargados de armar la ruta y la coordinación de las entrevistas, ambos conocedores muy comprometidos con el ambiente y los derechos humanos.

Santiago Muhape
Chacabuco Sustentable

jueves, 14 de octubre de 2010

En Chacabuco siguen fumigando con glifosato junto a las casas y escuelas

Publicado el 3 de Octubre de 2010
http://tiempo.elargentino.com/notas/chacabuco-siguen-fumigando-con-glifosato-junto-las-casas-y-escuelas
Por Manuel Alfieri
Aunque la legislación establece que se use a más de mil metros de la población y que las máquinas deben lavarse fuera de la zona, las autoridades locales no la cumplen. La polémica planta experimental de la multinacional Bayer.


La expansión de la soja transgénica y el uso indiscriminado de agroquímicos arrasó en la ciudad de Chacabuco con la agricultura familiar y diversificada.Se trasladaron cientos de familias rurales hacia las zonas marginales de las ciudades por la pérdida de empleo y, después de casi 20 años, empezaron a quedar de manifiesto distintas enfermedades que en muchos casos llevan a la muerte. Según una amplia gama de científicos independientes y organizaciones ambientalistas, la culpa es de un herbicida llamado glifosato.
Con 35 mil habitantes, Chacabuco emerge como una especie de maqueta, a escala reducida, del sistema sojero-dependiente que se desarrolla en nuestro país, que este año dejará como saldo unos 19 mil millones de dólares y un centenar de pueblos contaminados.
Los vecinos, rodeados por extensas plantaciones de soja y por las corporaciones del rubro –como Cargill, Nidera y Bayer–, sufren fumigaciones a metros de sus casas o frente a las escuelas, quedando expuestos a los efectos de los agroquímicos, pese a la existencia de ordenanzas y leyes que limitan la actividad pero que, como en tantos otros lugares del país, no se cumplen ni se hacen cumplir.
Esta situación se vive en Chacabuco desde hace cuatro años, cuando diferentes patologías –cáncer, abortos espontáneos y enfermedades neurológicas– comenzaron a multiplicarse en la ciudad. “Las enfermedades neurológicas son estrella en Chacabuco. Y en una misma cuadra hay tres o cuatro casos de cáncer”, denunció a Tiempo Argentino Santiago Muhape, integrante de la Agrupación Chacabuco Sustentable y colaborador de la campaña “Paren de Fumigar” del Grupo de Reflexión Rural. Los 800 mil litros de agroquímicos con que se fumiga anualmente en Chacabuco no enfrentan los controles esperados por parte del Estado. Las máquinas aplicadoras de glifosato –llenas de ese material altamente tóxico– se lavan y circulan dentro de la ciudad como cualquier otro automóvil; los depósitos de agroquímicos están al lado de las viviendas de los vecinos; los envases vacíos de “Round-Up” –nombre comercial del glifosato– quedan tirados en los campos sin el tratamiento correspondiente; las fumigaciones se realizan frente a viviendas o colegios; y los vecinos dicen que los aviones que aplican agroquímicos “pasan por encima de nuestras casas”.
La ordenanza municipal 4252 es clara: las fumigaciones aéreas sólo pueden hacerse a 1000 metros de la población, los depósitos de agroquímicos y máquinas aplicadoras no pueden estar dentro de la zona urbana, y los envases de glifosato ya utilizados deben pasar por un triple lavado antes de desecharse, entre otras restricciones.
En 2007, Rodolfo Bertinatto, subsecretario de Medio Ambiente de Chacabuco, decía: “con esta ordenanza tratamos de erradicar de la zona urbana los depósitos de agroquímicos y las máquinas aplicadoras”. Sin embargo, 3 años después, no pudieron alcanzar siquiera uno de los objetivos: “Acá no se cumple nada, porque hay muchos intereses en juego. Se necesita un control riguroso. Por encima de todas las cosas, está la salud de la gente”, advirtió el concejal por Nuevo Encuentro, Miguel Raffo.
Mónica de Argüello es vecina de Chacabuco y vive a tan sólo metros de una plantación de soja transgénica. Su hija se llama Magdalena y nació en 1995, expuesta a la presencia indiscriminada de agroquímicos, como tantos otros chicos.
“Magui”, como le dice Mónica, llegó al mundo con muy bajo peso. Al año, los médicos certificaron que tenía un grave retraso mental producto de una agenesia de cuerpo calloso, patología que implica la no formación del “puente” que une los dos hemisferios cerebrales. Hoy no puede caminar, sufre de espasmos a intervalos de pocos minutos y casi no se comunica con los demás. Tiene 15 años. A causa de su enfermedad, parece de ocho. “Acá al lado, mi vecino fumiga desde siempre. Los médicos me dijeron que una de las causas de su enfermedad podía ser eso”, aseguró Mónica.
En sintonía con la denuncia, el médico Jorge Kaczewer, autor de estudios referidos a las enfermedades causadas por agroquímicos, sostuvo que “la exposición a determinadas sustancias tóxicas de uso agrícola puede dañar el sistema nervioso, con los consiguientes daños neurológicos”.
Pero las autoridades de Chacabuco lo niegan: “En la ciudad se habla sobre muchas enfermedades, pero no tenemos informes médicos que demuestren eso”, se excusó el subsecretario Bertinatto. “Yo no tengo ningún papel que certifique la relación entre la enfermedad de mi hija y los agroquímicos. Pero con muchos papás estamos seguros de que es eso. Da bronca. Tienen que hacer algo, porque esto no da para más”, agregó Mónica, conmovida.
A pesar de las quejas de los vecinos más perjudicados, el intendente Darío Golía aún no realizó controles más rigurosos sobre las fumigaciones, ni encargó estudios epidemiológicos. Además, Bertinatto, el propio responsable de Medio Ambiente de la ciudad, fue el mismo que defendió a ultranza el predio que la multinacional Bayer instaló en Chacabuco para realizar pruebas experimentales de agroquímicos. Esta circunstancia despertó un fuerte rechazo en un sector de la población, especialmente cuando pocos días antes de la inauguración del predio el secretario de Producción local, Mario Carnaghi, consideraba que “si en el futuro hay problemas con la planta, veremos qué hacemos”.
La instalación del “depósito de productos agroquímicos para uso experimental” –según consta en el acta de autorización Nº 10.703– fue aprobada el 17 de abril de 2007 por el intendente Golía y por el secretario de Hacienda, Jorge Chari. Esta planta es la primera y única en el país, cuenta con 20 hectáreas de superficie y está situada en el kilómetro 195 de la ruta nacional 7. El ingeniero Earle Gastaldi, gerente del área técnica de Bayer, aseguró que no hay peligro: “allí se están probando los agroquímicos que se utilizarán en cinco o diez años. El ministerio de la provincia ejerce monitoreos constantes del predio.”
Respecto de los efectos que podría producir en el ambiente una planta así, el médico Kaczewer sostuvo: “Habría que ver en la planta del laboratorio, el tipo de manipulación que se está haciendo y hacia dónde van esas aguas servidas, llenas de experimentos fallidos. Eso puede ir a las napas, ser absorbido por bacterias, luego por gusanos que se comen las bacterias, luego por pájaros, y así sucesivamente, hasta llegar a nosotros. ¿Por qué no hacen todo esto a 300 kilómetros de la población?” Para Jorge Rulli, autor del libro Pueblos Fumigados, hay algo más grave: “están utilizando al pueblo de Chacabuco como un pequeño laboratorio. Así como usan a todo el país en el plano internacional. La planta de Bayer es parte de ese modelo.” Un modelo que, con el correr de los años, beneficia cada vez más a un acotado pero enriquecido sector de la población, en perjuicio –económico, sanitario y ambiental– de los más desprotegidos.

martes, 17 de agosto de 2010

“Deformaciones similares a las de embriones humanos”

fuente pagina12.com.ar

El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.


Por Darío Aranda

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).

Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.

“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (...) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).

Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.

El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.

“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.

Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.

Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.

La investigación –que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco– recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.

También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).

“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.

El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.

Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades –-reclamó–. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.”

Afirman que el glifosato causó una epidemia de cáncer en Santa Fe


fuente indymedia
Si se quisiera graficar la situación en una sola imagen, bien se podría imaginar un claro contraste entre un grupo frotándose las manos por los réditos comerciales que les dejó la producción de soja y otro, notoriamente mayoritario, con diferentes niveles de afectación por los estragos causados a partir de los agroquímicos utilizados sobre los campos sembrados con este cultivo.

Tuvieron que pasar cientos de víctimas para que la Justicia santafecina emitiera un histórico fallo prohibiendo el uso de glifosato, entre otros agroquímicos, en campos de la ciudad de San Jorge .Entrevista al referente de la ONG Centro de Protección a la Naturaleza.
http://argentina.indymedia.org/news/2010/08/744090.php
http://argentina.indymedia.org/news/2010/08/743899.php

jueves, 13 de mayo de 2010

Fumigaciones de Alto Riesgo - Afecciones a Camioneros

fuente-pagina12.com.ar

La Federación de Transportadores Rurales, que nuclea a los camioneros que transportan soja hacia los puertos, denunció que un trabajador falleció, presuntamente, por efecto del uso de un pesticida en la carga de granos. Habría otros casos.

Un camionero que transportaba soja murió anteayer, y una cantidad no precisada de estos trabajadores habría fallecido en los últimos años por intoxicación con pesticidas, según denuncias de la Federación de Transportadores Rurales Argentinos y de entidades ambientalistas. Las muertes se habrían producido porque, para abaratar costos, en vez de bajar la carga para fumigarla, se aplica el tóxico en el interior del camión. La Federación responsabiliza a las firmas exportadoras, entre ellas Cargill, Louis Dreyfus, Bunge & Born, ADM, Nidera, Toepfer y Terminal 6. El representante de una entidad ambientalista agregó que el procedimiento de echar el tóxico adentro del camión es de uso generalizado en puertos de exportación, incluso en Quequén y Bahía Blanca.

Tal como informó ayer Rosario/12, el camionero Víctor Hugo Gaite, de 49 años, fue encontrado muerto en el vehículo que conducía, en la playa de la empresa Nidera del Puerto General San Martín, situado a 28 kilómetros de Rosario, cerca de la localidad de San Lorenzo. Otro conductor falleció en similares circunstancias, y en el mismo puerto, el 30 de abril.

Según Ovidio Rodríguez, presidente de la FTR –Federación de Transportadores Rurales Argentinos, que nuclea a dueños de camiones–, “esta y otras muertes de camioneros, que transportaban soja a los puertos, son causadas por los efectos del fosfuro de aluminio con el que se fumiga la soja directamente en los camiones”.

Según Rodríguez, la situación se plantea “cuando los camiones van a los puertos privados donde embarcan las grandes exportadoras de soja como Cargill, Louis Dreyfus, Bunge & Born, Nidera, ADM, Toepfer y Terminal 6, que pertenece a Aceitera General Deheza”.

En el puerto “hay personal que efectúa el calado de la carga: en caso de que encuentren gorgojo, carcoma u otros insectos, el camión debe retirarse del puerto. Interviene entonces una empresa privada llamada Fucas, que fumiga el interior del camión con pastillas de fosfuro de aluminio. Este procedimiento deja el camión contaminado”, contó el titular de la FTR.

El procedimiento correcto, según Rodríguez, sería “descargar el camión, fumigarlo en la cinta transportadora o en los silos y recién a las 48 horas volver a cargarlo. Pero tendría mayores costos para esas empresas, ya que el camión cobra 53 centavos la tonelada por hora de estadía, lo cual hace unos 700 pesos por día”.

El dirigente de los transportistas rurales agregó que “esto no sólo pasa en los puertos: muchos grandes productores santafesinos también fumigan directamente en los camiones”; y anticipó que “la semana que viene interpondremos un recurso de amparo para que no se fumigue más en los camiones hasta que se investiguen a fondo las consecuencias de este procedimiento”.

El antecedente más inmediato de la muerte de Gaite sería el de “un camionero que, el jueves de la semana pasada, se intoxicó en la planta de Cargill, en la localidad de Los Quirquinchos: él se salvó y está bien, pero, el año pasado, en Bunge & Born, puerto de General Lagos, fallecieron cuatro camioneros, que se habían ido a dormir en sus cuchetas y no despertaron. Las muertes fueron atribuidas a ‘paro cardiorrespiratorio’ sin mayor investigación”, relató Ovidio Rodríguez.

Daniel Romano, de la Asamblea Permanente por la Vida –formada por vecinos de San Lorenzo–, explicó que “el fosfuro de aluminio, cuyo nombre comercial más conocido es Phostoxin, al ponerse en contacto con el aire emite un gas venenoso, que mata insectos y afecta la vida en general. Se lo usa habitualmente en el interior de camiones en la zona, pero las .empresas obligan a que se lo aplique fuera de sus predios para no asumir la responsabilidad”.

Carlos Manessi, de la entidad ambientalista santafesina CeProNat (Centro de Protección a la Naturaleza), advirtió que “el uso de fosfuro de aluminio en el interior de camiones es una práctica habitual, que tiene lugar en todos los puertos de exportación de la Argentina: ha habido denuncias en Bahía Blanca, en Quequén. Ahora el tema se hace público en el Gran Rosario, desde donde sale la mayor parte de la exportación de soja del país. El 60 por ciento de la cosecha argentina sale por los puertos de San Martín, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Arroyo Seco”.

El martes, en un operativo de control efectuado por el municipio de San Lorenzo, se detectó a una camioneta de la empresa Fucas y se constató que el personal había colocado pastillas en cuatro camiones de granos que se dirigían a la empresa Toepfer, de Puerto General San Martín

lunes, 15 de marzo de 2010

Un freno a los agroquímicos

La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.


Por Darío Aranda
en pagina12 - 15-3-2010
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.
En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.
Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (...) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.
En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.
La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.
Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.
El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).
La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.
“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (...), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (...) así lo determinan”.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”
El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.
Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.
Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.