Encuentro de pueblos fumigados

La Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba es sede del primer encuentro de especialistas en las consecuencias sanitarias de los agroquímicos. Participarán médicos e investigadores de todo el país. Y conformarán una red para enfrentar el problema.
Por Darío Aranda




Madres de la ciudad de Ituzaingó, en Córdoba, pioneras en la denuncia por los agroquímicos.

Imagen: Daniel Jayo.
Primero fueron los vecinos y luego las organizaciones sociales. Ambos denunciaron los perjuicios de los agroquímicos. Más tarde tomaron nota los médicos de pueblos, que reconocieron el incremento de problemas respiratorios, casos de cáncer y malformaciones. Y poco después fueron los científicos (pocos), quienes alertaron sobre experimentos que daban cuenta de efectos negativos en ambiente y animales. Hoy es el turno de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la más antigua del país, que reúne durante dos días a profesionales de la salud que cotidianamente atienden a vecinos afectados por fumigaciones, científicos que dan cuenta de los efectos sanitarios de los agroquímicos y profesionales de todo el país que darán testimonio sobre la correlación entre el modelo agropecuario actual y sus efectos ambientales y sanitarios. Se presentarán investigaciones sobre el glifosato (pilar del cultivo de soja), pero también se analizará el peligro de otros herbicidas e insecticidas.
“Barrio Ituzaingó (Córdoba), San Jorge (Santa Fe) y La Leonesa (Chaco) son sólo algunos de los lugares donde el aumento de casos de cáncer, malformaciones, trastornos endocrinos y reproductivos se vienen detectando desde que las fumigaciones se volvieron algo sistemático. Esta situación no ha sido aún abordada por el ámbito universitario”, señala la invitación del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, que se desarrolla hoy y mañana en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba.
El encuentro se organiza en cuatro temas. “Agroquímicos y salud”, “Agroquímicos y cáncer”, “Sistema de producción agraria y sus alternativas” y “Malformaciones congénitas y plaguicidas”. Se expondrán investigaciones epidemiológicas, relevamiento de casos y estudios de la Universidad Nacional de Río Cuarto que prueban toxicidad del agroquímico glifosato en animales y células humanas, demostrado mediante técnicas distintas.
El coordinador del encuentro y docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Medardo Avila Vázquez, adelantó que se analizará información científica reciente que “mediante revisiones sistemáticas de medicina basadas en la evidencia demuestra que ya existe una cantidad importante de trabajos científicos que muestran que el vínculo entre agrotóxicos y malformaciones es muy fuerte”.
En diciembre de 2009 la Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge. Ordenó que el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses desde la notificación, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud (el plazo vence en un mes). De esa manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El fallo, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II), resaltó la importancia de revalorizar los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, destaca la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y cita trabajos científicos que alertan sobre los efectos del glifosato.
El “caso San Jorge”, como se lo conoce, estará presente en las dos jornadas de debate. Al igual que lo sucedido en la localidad chaqueña de La Leonesa, donde la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua –espacio oficial creado por el actual gobierno provincial– confirmó que en la última década los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Del encuentro participarán el científico de la UBA y del Conicet Andrés Carrasco (que, como ya informó este diario, acaba de publicar en una revista científica su trabajo sobre el efecto de glifosato en embriones anfibios), el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero; el pediatra y neonatólogo de Malabrigo (Santa Fe), Rodolfo Páramo, y el jefe de Pediatría del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio, entre otros. Páramo y Demaio tienen amplia experiencia en la atención de niños con malformaciones, siempre provenientes de zonas con masivo uso de agroquímicos.
Es la primera vez que una universidad nacional convoca a especialistas en agroquímicos y aborda la problemática desde un enfoque médico y científico, un tema tabú dentro del ámbito académico del país. La Facultad de Ciencias Médicas avala formalmente las actividades, es coorganizado por dos cátedras (Medicina I y Determinantes sociales de la salud, de Pediatría). También cuenta con el apoyo de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), el gremio Luz y Fuerza, CTA local y el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC.
“Informes epidemiológicos y artículos científicos reflejan la realidad sanitaria de las poblaciones rurales donde existen cultivos transgénicos. Este Primer Encuentro de Médicos busca comenzar a elaborar un diagnóstico para encontrar una explicación a lo que sucede, proteger a la población y acompañar a los equipos de salud”, explicó Avila Vázquez y recordó que los médicos tienen “la obligación de defender el derecho a la salud de los pueblos y reclamar las medidas de protección que sean necesarias”.
Entre los objetivos del encuentro figura la creación de una red para la investigación de los efectos sanitarios de agroquímicos y resaltar la necesidad de implementar el principio precautorio legislado por ley: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y aunque no exista total certeza científica, deberán tomarse medidas que protejan el ambiente y la salud de la población. Ejemplo de ese principio son los casos del Barrio Ituzaingó (Córdoba), San Jorge (Santa Fe) y La Leonesa (Chaco), los tres primeros de una posible larga lista.

“Deformaciones similares a las de embriones humanos”

fuente pagina12.com.ar

El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.


Por Darío Aranda

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).

Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.

“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (...) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).

Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.

El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.

“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.

Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.

Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.

La investigación –que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco– recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.

También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).

“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.

El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.

Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades –-reclamó–. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.”

Agrotóxicos: "El informe del Conicet parece una monografía de estudiantes"

Entrevista realizada por el periodista Martin Paoltroni, conductor del programa “Zapping del domingo” Radio Casilda, FM 91.1 Record, Casilda Santa Fe Argentina."(...)Estamos escuchando Zapping del domingo desde Radio Casilda FM 91.1 Record. Nos ponemos en contacto con Buenos Aires, desde allí la doctora Dra. Graciela Cristina Gómez, abogada, escribana ambientalista, oriunda de nuestra provincia (...)". Leé la entrevista completa.

Buenas tardes Graciela, es un gusto poder charlar con Ud.
Buenas tardes Martín.

Veo en su blog la última nota publicada justamente del tema agrotóxicos y es de lo que queríamos consultarle, con respecto a las distintas posiciones que hay sobre la reforma a la Ley de Santa Fe. Ud. a la nota la llamó “Glifosato, del mito a lo escatológico” cuéntenos ¿Porqué?.

Bueno la nota es un poco mi respuesta a expresiones de los que defienden el producto y que salen publicadas en los medios. Tenemos a la consultora CASAFE que siempre sale con sus disparatadas objeciones y refutando todo lo que nosotros decimos, sin fundamento, ni científico ni legal. Pero son estas consultoras que viven de limpiar un poco la imagen de las multinacionales que son las “fábricas del horror” como las nombro en otras notas.

Bueno los disparates que dicen y además acompañados por Colegios de Ingenieros Agrónomos que atacan de todas maneras y de todas formas todo lo que creen que los perjudica. Estamos acostumbrados a eso. Si bien como en toda ciencia o en toda materia hay dos bibliografías, acá la mitad dice que contamina y la otra mitad dice que no contamina. Entre todos logremos un consenso, de ambas exposiciones saquemos algo en concreto y veamos cuál es la más fuerte, porque de ambos lados se dice que hay evidencias científicas y no hablamos de cualquier científico. Tenemos un premio Nóbel alternativo, tenemos varios médicos de todo el país, biólogos, científicos y también muchos estudios del exterior. No estamos mintiendo, ni somos unos improvisados.

Graciela ¿Cómo evaluás esta posición que ha dado a conocer la Federación Agraria, en relación a éstas franjas prohibitivas que nosotros consideramos que son muy importantes para proteger a la población, sin embargo desde esta entidad agraria se resisten a decirles a los aplicadores de herbicidas que tengan una distancia entre el lugar donde fumigan y el lugar donde vive la gente?.

Y justamente, si ves la posición de ellos, por más reforma que haya de la ley, quiere decir que no la van a respetar. O sea que por más que los legisladores se esmeren en hacer una ley como corresponde y no estas nuevas propuestas que hay apresuradas. No se para qué nos han hecho ir a disertar a la Cámara de Diputados de Santa Fe, para después salir con una posición totalmente distinta e incoherente, porque es bien recibido todo lo que proteja y amplíe esa protección a la gente, no estamos de acuerdo con esos puntos grises que son las excepciones. Cuando se hace una ley, la ley tiene que ser clara, toda ley es mejorable. Yo no digo que la ley sea mala ni buena. Para mi el título es lo principal que hay que cambiarle, pero se resisten a nombrar al producto como lo que es: un agroquímico, un agrotóxico, no es un fitosanitario. Desde el vamos le cambiamos a la ley el nombre, como otras provincias, como la llaman en Misiones: Ley de Agrotóxicos.

Después de ahí vayamos al articulado, si dice 500 metros para fumigación terrestre y dice 3000 metros para fumigación aérea, si tanto problema les crea, déjenla como está. Que la dejen como está, porque todas las reformas que han propuesto, todos los legisladores de distintas banderas políticas, yo soy cero política, no estoy con uno ni con el otro, sino con la salud de la gente. Tiene que ser para ampliar, no para reducir esa protección.

El que la lee sea un periodista o el lego, la persona que lee y que no sabe y que no entiende del tema, y no tienen porqué entenderlo, lo primero que ve es: 1000 metros de protección terrestre ¡qué bueno! lo ampliaron de 500 a mil. Pero detrás de eso esta la letra gris, la letra chiquita del contrato. Ahí dice:-"Con excepción a 200 metros de lugares poblados con algunos productos", si sabes que justamente otras de las discusiones es que el producto está mal clasificado, hay que reclasificarlo, esta probado que no es benigno y está tomado como clase IV, que no tiene ningún tipo de peligro y que es franja verde. Entonces quiere decir que en esos 200 metros, o 100, o lo que fuere, esta incluido el glifosato, y otros productos, no es solo el glifosato, sino los cócteles que hacen. El endosulfan ya esta prohibido y ha sido sacado del mercado este año por la misma fabrica que es Bayer, y acá se lo sigue usando. Esas cosas son más importantes que las distancias que seguimos discutiendo.

Graciela ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para clasificar a los productos químicos que se utilizan para fumigar los campos? ¿Quiénes son los encargados de medir la toxicidad, la empresa que los fabrica o los organismos oficiales?

Los organismos oficiales tienen que hacerlo .Justamente todo…cada vez que se aprueba un producto lo hacen con los trabajos hechos por las mismas multinacionales y ellos siempre van a decir que no ofrecen ningún tipo de peligro, que es lo que estamos criticando del famoso informe del Conicet de la Comisión N°21, avalada por cinco o seis científicos del Conicet que llegaron a la conclusión que el glifosato "usado de la forma que corresponde no ofrece ningún peligro", y no es así. Se basan 32 veces en un informe de Monsanto que es la consultora Williams y no toma en cuenta un montón de otros estudios internacionales que dicen totalmente lo contrario. Por eso yo digo en la última nota, que parece una monografía de estudiantes, no de seis científicos del Conicet, lo que parece increíble.

En EEUU en la homologación del herbicida, y esto lo descubrió el Dr Robert Belle director del Centro Nacional de la Investigación Científica de la Universidad Pierre y Marie Curie, de Francia, que cuando se homologó este famoso veneno llamado Round Up, se tuvo en cuenta solo su principio activo, no los surfactantes que son el POEA y el AMPA que son de tres a cinco veces más tóxicos que el glifosato solo, su ingrediente activo. Entonces está mal homologado, hay fraude. Sumado a eso en el año 96' cuando se aprueba acá también. Se toma la carpeta de Monsanto sin tener ningún tipo de estudio que avalen lo que se está presentando y aprueban el combo: soja RR-glifosato, tampoco se hicieron estudios ni se tradujo lo que presentó Monsanto.

El expediente de la famosa resolución 167/96 tiene 136 Fojas y 108 son en ingles que no fueron traducidas nunca, eso en derecho es una nulidad absoluta. Sin embargo mirá todo lo que está causando.

Seguramente seguiremos debatiendo sobre este tema y volveremos a contactarla.Gracias por atendernos Graciela.

Gracias Uds por el espacio.-

La salud no es lo primero en el modelo agroindustrial

Pagina12.com

Por Darío Aranda

Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).

A Iván le gustaba ver las avionetas que sobrevolaban sobre su casa. Tenía seis meses, escuchaba los motores y pedía upa para salir al patio y saludar el paso del aeroplano. Laura, la mamá, lo levantaba y llevaba al jardín para dar el gusto al bebé. Con el paso de las avionetas, Iván aprendió a saludar con la mano, se reía y festejaba el vuelo rasante. A los 2 años le detectaron leucemia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan, padeció ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento intensivo.

“Los médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa. Era 2002, Iván se recuperó, y Laura se transformó en una denunciante de los agroquímicos. La trataron de loca y opositora al desarrollo, pero los casos de cáncer se multiplicaron y los vecinos comenzaron a organizarse.

La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja.

Por la movilización constante y el reclamo de estudios, el gobierno del Chaco creó por decreto el 9 de diciembre de 2009 la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. “Tendrá como misión receptar, estudiar, coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros”, señala el breve decreto, de sólo dos páginas.

A cinco meses de su creación, la Comisión Investigadora finalizó su primer informe, que fue publicado por el periodista Brian Pellegrini, del sitio de noticias Chaco Día por Día.

“Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la Comisión oficial, focalizado en La Leonesa.

En la década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses). En tanto en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). “Los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años.”

La media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.

El informe señala la multicausalidad del cáncer, pero llama la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.” Todas las cifras surgen del Servicio de Estadísticas del Hospital Pediátrico local y destaca que un 25 por ciento más de casos son atendidos directamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, por lo cual las cifras totales de casos es mayor.

Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas.

“Tatiana de 5 años. Milagros de 8. María de 7. Francisco de 12. Victoria de 6. Son todos vecinos con cáncer. Y lo peor es que la lista sigue. Todas familias humildes que están pasando lo mismo que nosotros”, lamenta Laura Mazitelli, la mamá de Iván, la que llamaron “loca” y ahora reprocha: “¿Hacían falta tantos casos para reconocer que nos están envenenando?”

Las malformaciones crecieron aún más. En una década se cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos en recién nacidos. En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones. Una década después, en doce meses entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. El informe oficial destaca que se pasó de un índice de 19,1 por cada 10.000 nacidos a 85,3.

Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997 a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales.

Desde el Ministerio de Salud de Nación informaron que no se cuenta con estadísticas nacionales sobre el tema. Desde la Comisión investigadora, una integrante –que pidió mantener el anonimato por “las enormes presiones” que están recibiendo–, consideró que “todos los firmantes del informe tenemos mucha experiencia y antecedentes en lo que estudiamos, pero las empresas arroceras y sojeras están presionando mucho al Gobierno. No sabemos cómo terminará, hay demasiados intereses en juego”.

Dos integrantes de la Comisión confirmaron que están elaborando un segundo informe que aporta estadísticas oficiales sobre el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos, de los embarazos que no llegan a término por abortos espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. No tienen fecha definida para entregarlo a las autoridades, pero alertaron sobre la posibilidad de “intromisiones en el trabajo de la Comisión”.

El primer informe fue elevado al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al Ministerio de Salud provincial el 8 de abril. La investigación oficial resalta que sólo son incluidos datos del servicio de salud pública. “Tanto en datos estadísticos de enfermedades oncológicas infantiles como en malformaciones en recién nacidos no están incluidos los registros de instituciones sanitarias privadas, en los cuales las estadísticas son similares, aspecto que las aumentaría considerablemente.”

El informe de la Comisión investigadora solicita que se tomen “medidas precautorias” en La Leonesa hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y piden que se amplíen los análisis a otras seis localidades que estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa.

Freno a la fumigación

Un juez chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas.

PRimera vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas (localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de agronegocios.

El barrio La Ralera está ubicado en la zona sur de La Leonesa, lindante a campos de arroz. Desde hace ocho años, los vecinos denuncian el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua producto de los agroquímicos. En los últimos tres años presentaron al menos 50 notas a distintos funcionarios y nunca tuvieron respuesta.

“En el barrio no crecen frutas, verduras y hortalizas. Se secan los naranjos y limoneros, como también los paraísos y otros arbustos. Pero lo más importante: los vecinos se enferman frecuentemente de patologías recurrentes y repetidas”, advertía en noviembre de 2008, en un documento público, la ONG Centro Nelson Mandela de Estudios e Investigación Social. También denunciaba el peligro de las comunidades indígenas y familias criollas cercanas a las arroceras. “Es más que seguro que continúen las lluvias de agrotóxicos y comiencen a manifestarse las enfermedades asociadas a la actividad”, avisaba.

En enero último, los vecinos presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar contra las arroceras San Carlos y Cancha Larga, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, que los campos de arroz no sigan extendiéndose, que se considere la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia, a cargo de Héctor Edgardo García Redondo, hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de mil metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizan vía terrestre) y 2 mil metros si son aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite a fumigar y, en un hecho sin precedentes, además prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua. También protege a las escuelas Nº 17 y Nº 68, que solían ver pasar las avionetas a pocos metros.

“Cabe resaltar que el principio precautorio indica que todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter preventivo. Y la realización de ciertas actividades o empleo de determinadas tecnologías, cuyas consecuencias hacia las personas o al medio ambiente sean inciertas pero potencialmente graves, deben ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta”, fundamenta el fallo, que prohíbe el uso de glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros.

Este diario se comunicó con la oficina del responsable de ambas arroceras, Eduardo Meichtry, pero no hubo respuesta a la consulta.

“Es una medida muy importante porque es la primera vez que en el Chaco se frena a los agroquímicos. Y puede ser un antecedente importante para otras muchas comunidades de la provincia que sufren lo mismo que La Leonesa y Las Palmas”, explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.

El fallo, dictado el 29 de abril, exige un estudio de impacto ambiental en 90 días, solicita al Ministerio de Producción un “informe detallado” de las aplicaciones aéreas y terrestres, transporte, almacenamiento y fraccionado de plaguicidas y agroquímicos de las arroceras denunciadas, requiere a la Administración Provincial del Agua (APA) que dé cuenta de los análisis ya realizados en la zona y ordena la realización de “un estudio estratégico y acumulativo” sobre plaguicidas, agroquímicos y derivados en los cursos de agua de Las Palmas y La Leonesa.

También ordena al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras hasta que se resuelva el amparo, y solicita a los municipios que entreguen, en quince días, un “informe detallado” sobre las medidas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes de los productores.

La causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia. No hay fecha posible de resolución.

Elio Servín vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por leucemia. “Primero nos dimos cuenta de que el agua venía turbia y con mal gusto. Después comenzaron las alergias y más tarde enfermedades jodidas. Hace unos dos años nos juntamos e hicimos denuncias, pero nunca los políticos nos llevaron el apunte”, recuerda y piensa a futuro: “Ahora la Justicia empieza a darnos la razón; pero falta mucho, atrás de todo están los peces gordos, los verdaderos responsables de las muertes, empresas y políticos que no dan la cara”.

LA JUSTICIA DICE NO

Formosa: Campesinos del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones. Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. “Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones”, afirmó Silvia Sevilla a este diario. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derecho y aquí es un pecado. No se puede meter contra el poder político y los empresarios”. Ningún otro juez de Formosa prohibió las fumigaciones.

- Buenos Aires: El Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes prohibió en marzo de 2008, con sentencia firme, las fumigaciones en zona periurbana de la localidad de Alberti. También dispuso que la Asesoría Pericial Departamental elaborara un informe médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales) la fumigación con glifosato”.

- Córdoba: El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, ganó notoriedad hace nueve años por la gran cantidad de enfermos de cáncer (200 casos en 5000 habitantes) y niños con malformaciones. Al este, norte y sur estaban rodeados de campos de soja, y las fumigaciones llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. En diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo estableció como un delito penal y apuntó contra el glifosato y el endosulfán. La medida impidió utilizar agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros.

- Santa Fe: San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero en diciembre pasado se dictó un fallo inédito: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia que prohíbe las fumigaciones en cercanías de zonas urbanas. Pero además ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Además de la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).

HAY MUCHOS INTERESES

El jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, es una antigua voz que alerta en el Chaco sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. En el 2000 presentó una carta a la Cámara de Diputados de la provincia. Advertía sobre el incremento notable de casos de malformación, lo relacionaba con el corrimiento de la frontera agropecuaria y, sobre todo, instaba a realizar estudios “serios y completos” sobre las poblaciones cercanas al uso de agroquímicos. Lo convocó la Comisión de Salud de la Legislatura, lo escucharon y prometieron volver a llamarlo. Pero nunca lo hicieron.

Lucero aún guarda una hoja amarilla, copia de aquella carta de alerta de hace diez años. “A mediados de la década del ‘90 llegaban casos de malformación, supuestamente ligados a los herbicidas organofosforados usados en los ’70 y ’80. Pero a partir del avance de la soja el crecimiento de casos fue exponencial. Me encargaba de realizar estudios y confirmaba que no se trataba de defectos genéticos, como se intentaba decir, sino de otros factores”, recuerda el investigador.

“Hay grandes intereses económicos para que esta situación no tome estado público, basta ver lo que le sucedió a Andrés Carrasco (investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA que en 2009 alertó en Página/12 sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio), pero los casos son tantos que no se pueden esconder, los mismos datos de hospitales públicos confirman los efectos”, afirmó Lucero.

Fumigaciones de Alto Riesgo - Afecciones a Camioneros

fuente-pagina12.com.ar

La Federación de Transportadores Rurales, que nuclea a los camioneros que transportan soja hacia los puertos, denunció que un trabajador falleció, presuntamente, por efecto del uso de un pesticida en la carga de granos. Habría otros casos.

Un camionero que transportaba soja murió anteayer, y una cantidad no precisada de estos trabajadores habría fallecido en los últimos años por intoxicación con pesticidas, según denuncias de la Federación de Transportadores Rurales Argentinos y de entidades ambientalistas. Las muertes se habrían producido porque, para abaratar costos, en vez de bajar la carga para fumigarla, se aplica el tóxico en el interior del camión. La Federación responsabiliza a las firmas exportadoras, entre ellas Cargill, Louis Dreyfus, Bunge & Born, ADM, Nidera, Toepfer y Terminal 6. El representante de una entidad ambientalista agregó que el procedimiento de echar el tóxico adentro del camión es de uso generalizado en puertos de exportación, incluso en Quequén y Bahía Blanca.

Tal como informó ayer Rosario/12, el camionero Víctor Hugo Gaite, de 49 años, fue encontrado muerto en el vehículo que conducía, en la playa de la empresa Nidera del Puerto General San Martín, situado a 28 kilómetros de Rosario, cerca de la localidad de San Lorenzo. Otro conductor falleció en similares circunstancias, y en el mismo puerto, el 30 de abril.

Según Ovidio Rodríguez, presidente de la FTR –Federación de Transportadores Rurales Argentinos, que nuclea a dueños de camiones–, “esta y otras muertes de camioneros, que transportaban soja a los puertos, son causadas por los efectos del fosfuro de aluminio con el que se fumiga la soja directamente en los camiones”.

Según Rodríguez, la situación se plantea “cuando los camiones van a los puertos privados donde embarcan las grandes exportadoras de soja como Cargill, Louis Dreyfus, Bunge & Born, Nidera, ADM, Toepfer y Terminal 6, que pertenece a Aceitera General Deheza”.

En el puerto “hay personal que efectúa el calado de la carga: en caso de que encuentren gorgojo, carcoma u otros insectos, el camión debe retirarse del puerto. Interviene entonces una empresa privada llamada Fucas, que fumiga el interior del camión con pastillas de fosfuro de aluminio. Este procedimiento deja el camión contaminado”, contó el titular de la FTR.

El procedimiento correcto, según Rodríguez, sería “descargar el camión, fumigarlo en la cinta transportadora o en los silos y recién a las 48 horas volver a cargarlo. Pero tendría mayores costos para esas empresas, ya que el camión cobra 53 centavos la tonelada por hora de estadía, lo cual hace unos 700 pesos por día”.

El dirigente de los transportistas rurales agregó que “esto no sólo pasa en los puertos: muchos grandes productores santafesinos también fumigan directamente en los camiones”; y anticipó que “la semana que viene interpondremos un recurso de amparo para que no se fumigue más en los camiones hasta que se investiguen a fondo las consecuencias de este procedimiento”.

El antecedente más inmediato de la muerte de Gaite sería el de “un camionero que, el jueves de la semana pasada, se intoxicó en la planta de Cargill, en la localidad de Los Quirquinchos: él se salvó y está bien, pero, el año pasado, en Bunge & Born, puerto de General Lagos, fallecieron cuatro camioneros, que se habían ido a dormir en sus cuchetas y no despertaron. Las muertes fueron atribuidas a ‘paro cardiorrespiratorio’ sin mayor investigación”, relató Ovidio Rodríguez.

Daniel Romano, de la Asamblea Permanente por la Vida –formada por vecinos de San Lorenzo–, explicó que “el fosfuro de aluminio, cuyo nombre comercial más conocido es Phostoxin, al ponerse en contacto con el aire emite un gas venenoso, que mata insectos y afecta la vida en general. Se lo usa habitualmente en el interior de camiones en la zona, pero las .empresas obligan a que se lo aplique fuera de sus predios para no asumir la responsabilidad”.

Carlos Manessi, de la entidad ambientalista santafesina CeProNat (Centro de Protección a la Naturaleza), advirtió que “el uso de fosfuro de aluminio en el interior de camiones es una práctica habitual, que tiene lugar en todos los puertos de exportación de la Argentina: ha habido denuncias en Bahía Blanca, en Quequén. Ahora el tema se hace público en el Gran Rosario, desde donde sale la mayor parte de la exportación de soja del país. El 60 por ciento de la cosecha argentina sale por los puertos de San Martín, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Arroyo Seco”.

El martes, en un operativo de control efectuado por el municipio de San Lorenzo, se detectó a una camioneta de la empresa Fucas y se constató que el personal había colocado pastillas en cuatro camiones de granos que se dirigían a la empresa Toepfer, de Puerto General San Martín

Volvieron las fumigaciones al Valle de Calamuchita

Volvieron las fumigaciones al Valle de Calamuchita
Por Javier Astrada (( i )) Indymedia - , Nov. 05, 2009 at 2:17 PM


Esta mañana un productor de zona de Villa Ciudad Parque, volvio a fumigar en localidad ubicada en el Valle de Calamuchita, a 71 kilómetros de la ciudad de Córdoba y tres kilómetros del Lago Los Molinos. Acompañado de cinco móviles policiales y luego de haber presentado una receta fitosanitaria en la comisaría de la zona ya que la comuna no se la recibió. Pablo, vecino de la zona relato lo que esta mañana se vivía en el lugar.



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Recordemos que el pasado miércoles 21 de octubre por la noche un grupo de vecinos de Villa Ciudad Parque protagonizaron un hecho de resistencia, ya que se hicieron presentes en un campo en donde se estaba realizando una fumigación con agrotoxicos, luego de que la policía local interviniera y se vivieran algunos momentos de tensión, el conductor de la máquina fumigadora (mosquito) tubo que cesar con la actividad. En la localidad de Villa Ciudad Parque existe una prohibición para la fumigación de agrotóxicos esta medida fue lograda tiempo atrás, gracias a la lucha emprendida por los vecinos de la zona que se organizaron en torno a la defensa de un ambiente sana para desarrollar sus vidas.

Luego se converso con la abogada Natalia Lanjer de l@s vecinos autoconvocados para conocer un poco de la parte legal del caso
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Fuente del audio: "La loca de la Casa" / Edición: Javier Astrada ((i)) Indymedia Córdoba

LA JUSTICIA CORDOBESA PROHIBIO FUMIGAR CON AGROTOXICOS SOJEROS CERCA DE LAS AREAS URBANAS

FUENTE : PAGINA.12.
El veneno que asoló el barrio de Ituzaingó

Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la Justicia prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Todas las familias tienen un enfermo.
Por Darío Aranda

El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar de que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador. “Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la Justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.

Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica y se largó con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamentó.

La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar”.