Por Darío Aranda
Madres de la ciudad de Ituzaingó, en Córdoba, pioneras en la denuncia por los agroquímicos.
Imagen: Daniel Jayo.
Primero fueron los vecinos y luego las organizaciones sociales. Ambos denunciaron los perjuicios de los agroquímicos. Más tarde tomaron nota los médicos de pueblos, que reconocieron el incremento de problemas respiratorios, casos de cáncer y malformaciones. Y poco después fueron los científicos (pocos), quienes alertaron sobre experimentos que daban cuenta de efectos negativos en ambiente y animales. Hoy es el turno de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la más antigua del país, que reúne durante dos días a profesionales de la salud que cotidianamente atienden a vecinos afectados por fumigaciones, científicos que dan cuenta de los efectos sanitarios de los agroquímicos y profesionales de todo el país que darán testimonio sobre la correlación entre el modelo agropecuario actual y sus efectos ambientales y sanitarios. Se presentarán investigaciones sobre el glifosato (pilar del cultivo de soja), pero también se analizará el peligro de otros herbicidas e insecticidas.
“Barrio Ituzaingó (Córdoba), San Jorge (Santa Fe) y La Leonesa (Chaco) son sólo algunos de los lugares donde el aumento de casos de cáncer, malformaciones, trastornos endocrinos y reproductivos se vienen detectando desde que las fumigaciones se volvieron algo sistemático. Esta situación no ha sido aún abordada por el ámbito universitario”, señala la invitación del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, que se desarrolla hoy y mañana en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba.
El encuentro se organiza en cuatro temas. “Agroquímicos y salud”, “Agroquímicos y cáncer”, “Sistema de producción agraria y sus alternativas” y “Malformaciones congénitas y plaguicidas”. Se expondrán investigaciones epidemiológicas, relevamiento de casos y estudios de la Universidad Nacional de Río Cuarto que prueban toxicidad del agroquímico glifosato en animales y células humanas, demostrado mediante técnicas distintas.
El coordinador del encuentro y docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Medardo Avila Vázquez, adelantó que se analizará información científica reciente que “mediante revisiones sistemáticas de medicina basadas en la evidencia demuestra que ya existe una cantidad importante de trabajos científicos que muestran que el vínculo entre agrotóxicos y malformaciones es muy fuerte”.
En diciembre de 2009 la Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge. Ordenó que el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses desde la notificación, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud (el plazo vence en un mes). De esa manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El fallo, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II), resaltó la importancia de revalorizar los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, destaca la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y cita trabajos científicos que alertan sobre los efectos del glifosato.
El “caso San Jorge”, como se lo conoce, estará presente en las dos jornadas de debate. Al igual que lo sucedido en la localidad chaqueña de La Leonesa, donde la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua –espacio oficial creado por el actual gobierno provincial– confirmó que en la última década los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Del encuentro participarán el científico de la UBA y del Conicet Andrés Carrasco (que, como ya informó este diario, acaba de publicar en una revista científica su trabajo sobre el efecto de glifosato en embriones anfibios), el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero; el pediatra y neonatólogo de Malabrigo (Santa Fe), Rodolfo Páramo, y el jefe de Pediatría del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio, entre otros. Páramo y Demaio tienen amplia experiencia en la atención de niños con malformaciones, siempre provenientes de zonas con masivo uso de agroquímicos.
Es la primera vez que una universidad nacional convoca a especialistas en agroquímicos y aborda la problemática desde un enfoque médico y científico, un tema tabú dentro del ámbito académico del país. La Facultad de Ciencias Médicas avala formalmente las actividades, es coorganizado por dos cátedras (Medicina I y Determinantes sociales de la salud, de Pediatría). También cuenta con el apoyo de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), el gremio Luz y Fuerza, CTA local y el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC.
“Informes epidemiológicos y artículos científicos reflejan la realidad sanitaria de las poblaciones rurales donde existen cultivos transgénicos. Este Primer Encuentro de Médicos busca comenzar a elaborar un diagnóstico para encontrar una explicación a lo que sucede, proteger a la población y acompañar a los equipos de salud”, explicó Avila Vázquez y recordó que los médicos tienen “la obligación de defender el derecho a la salud de los pueblos y reclamar las medidas de protección que sean necesarias”.
Entre los objetivos del encuentro figura la creación de una red para la investigación de los efectos sanitarios de agroquímicos y resaltar la necesidad de implementar el principio precautorio legislado por ley: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y aunque no exista total certeza científica, deberán tomarse medidas que protejan el ambiente y la salud de la población. Ejemplo de ese principio son los casos del Barrio Ituzaingó (Córdoba), San Jorge (Santa Fe) y La Leonesa (Chaco), los tres primeros de una posible larga lista.
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